El Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) colocó ayer un instrumento
financiero denominado Fibra E como parte de sus esfuerzos para allegarse los
recursos económicos que aseguren las obras del futuro Nuevo Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México (NAICM) sin importar los resultados
electorales del próximo primero de julio. De acuerdo con la institución
bancaria que gestionó la colocación de deuda, esta emisión permitió al grupo
constructor captar 30 mil millones de pesos, de los cuales al menos 80 por ciento
proviene de los fondos de pensión de los trabajadores.
Adoptada en
un contexto en que uno de los candidatos a la Presidencia ha expresado su
intención de revisar la viabilidad de la terminal aérea ubicada en Texcoco, así
como la legalidad de los contratos otorgados hasta ahora para su construcción,
esta maniobra financiera resulta potencialmente nociva para millones de
ahorradores. En efecto, apenas hace dos semanas se reveló que en 2015 el fondo
de pensiones de los trabajadores del Estado mexicano adquirió más de 400
millones de pesos en acciones de la constructora ICA cuando ésta ya daba
señales claras y públicamente conocidas de insolvencia, lo cual derivó en la
pérdida de 99 por ciento del dinero invertido.
Si bien el
caso del NAICM no presenta indicios de un riesgo de quebranto como el existente
en la operación Pensionissste-ICA, subsiste el hecho de que ningún negocio de
este tipo tiene garantizado su éxito, y esto al margen de la postura asumida
por quien resulte elegido para encabezar el Poder Ejecutivo los próximos seis
años. La existencia de este riesgo no es mera especulación: el mismo banco
encargado de colocar la deuda admite que no se contemplan garantías para un
retorno de la inversión, pues la tasa de interés se encuentra atada a los hipotéticos
rendimientos de la terminal aérea.
Por otra
parte, al vincular la construcción de la nueva terminal aérea con los fondos
para el retiro, se crea una traba a cualquier intento de transparentar la
manera en que se han repartido los contratos para las distintas obras, puesto
que el patrimonio de los trabajadores mexicanos se ve condicionado al éxito
financiero del megaproyecto. No puede presumirse que exista dedicatoria
política en la estrategia de financiamiento seguida por el corporativo, pero sin
duda lo deseable es que cualquier emprendimiento de infraestructura –y
ciertamente uno con las dimensiones y la trascendencia del aeropuerto de la
capital del país– se ejecute con garantías absolutas de que se han seguido las
mejores prácticas en cada una de sus fases, lo cual requiere que éstas sean
debidamente auditadas.
No menos
grave resulta que una inversión de esta magnitud, para colmo presuntamente
irreversible, haya sido tomada sin consultar o siquiera informar a los dueños
del capital apostado, es decir, a los trabajadores que entregan una parte de su
salario a las administradoras de fondos para el retiro con la expectativa de
recibir un patrimonio con el cual solventar sus necesidades al finalizar su
vida laboral. Que dicho manejo de los recursos depositados en las
administradoras de fondos para el retiro se encuentre dentro de la ley no hace
sino recordar las enormes deficiencias y lagunas regulatorias en que se mueve
la actividad de estas entidades, facultadas para decidir arbitrariamente sobre
el patrimonio de los ahorradores.
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